Ante la escalada del conflicto político social en Bolivia, los países sudamericanos organizados en la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), convocaron a una cumbre presidencial urgente que se concretó el 15 de septiembre en el Palacio de La Moneda de Santiago de Chile. La UNASUR está integrada por las doce naciones independientes de Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, y tiene como Presidenta pro-tempore a la primera mandataria chilena, Michelle Bachelet.
Luego de deliberar varias horas, los jefes de gobierno acordaron una posición unánime expresada en la Declaración de La Moneda, emitida ese mismo día. La Declaración de La Moneda resolvió:
Como primer punto expresar el "más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional del Presidente de la República de Bolivia Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente Referéndum".
En segundo lugar, advertir que los países sudamericanos no aceptarán ninguna ruptura del orden institucional en Bolivia, ni proceso que implique su desmembramiento territorial.
El tercer punto condena la toma de instalaciones del gobierno nacional, afirmando que se trata de grupos que "buscan la desestabilización de la democracia boliviana", exigiendo la inmediata devolución de los mismos, como condición previa para iniciar un proceso de diálogo.
El cuarto punto hace un llamamiento general a cesar las acciones de violencia y desacato a las autoridades y las leyes.
El quinto párrafo, condena la Masacre de Pando y acepta la propuesta del gobierno boliviano de formar una Comisión Internacional para investigar el crimen y evitar que sus responsables queden impunes.
El sexto punto hace un llamado a la sociedad boliviana a mantener la integridad territorial de su país.
El séptimo acápite insta a abrir un proceso de diálogo y, con ese fin, dispone crear una comisión internacional para facilitar el diálogo, en una mesa conducida por el gobierno boliviano.
La Cumbre Sudamericana registró dos diferencias que fueron saldadas:
La primera, fue la propuesta del Presidente Hugo Chávez, de Venezuela, de incluir una mención crítica al papel de los Estados Unidos en la crisis boliviana. La propuesta no contó con consenso y fue finalmente desechada.
La segunda, fue una propuesta de Michelle Bachelet, de incluir a la Organizacion de los estados Americanos (OEA), que tampoco contó con el consenso de los demás mandatarios.
Simultáneamente con la posición asumida por UNASUR, los autonomistas comenzaron a levantar los bloqueos, atendiendo el pedido del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic.
Enjuiciamiento y detención del prefecto de Pando por la Masacre de Porvenir
El 16 de septiembre, luego del expreso respaldo de la UNASUR al gobierno del Presidente Evo Morales y la resolución de investigar internacionalmente la Masacre de Pando para evitar que los responsables del crimen queden impunes, el Fiscal General de Bolivia, Mario Uribe, decidió iniciar acciones criminales contra el prefecto de Pando Leopoldo Fernández, el ex alcalde de Cobija Miguel Becerra y el senador de Unidad Nacional (UN) Abraham Cuéllar, "por la presunta comisión del delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta, tipificado por el artículo 138, párrafo segundo del Código Penal".A su vez, en vista de la imputación de genocidio que la Fiscalía General realizó contra el prefecto Leopoldo Fernández, el Presidente Evo Morales, en uso de las atribuciones que le confiere la declaración de estado de sitio en el Departamento de Pando, dispuso su detención por un plazo máximo de 90 días, que es el límite permitido por la Constitución Nacional para el estado de sitio. El Fiscal Uribe se ha mostrado en general lejano a las posiciones del Presidente Evo Morales, y ha sido en reiteradas oportunidades cuestionado por el MAS, atribuyéndole no investigar los delitos cometidos en la Media Luna. El 24 de septiembre la Unasur formó la Comisión Investigadora de la Masacre de Pando, designando a su frente al argentino Rodolfo Mattarollo, un reconocido especialista en derechos humanos.
Luego de deliberar varias horas, los jefes de gobierno acordaron una posición unánime expresada en la Declaración de La Moneda, emitida ese mismo día. La Declaración de La Moneda resolvió:
Como primer punto expresar el "más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional del Presidente de la República de Bolivia Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente Referéndum".
En segundo lugar, advertir que los países sudamericanos no aceptarán ninguna ruptura del orden institucional en Bolivia, ni proceso que implique su desmembramiento territorial.
El tercer punto condena la toma de instalaciones del gobierno nacional, afirmando que se trata de grupos que "buscan la desestabilización de la democracia boliviana", exigiendo la inmediata devolución de los mismos, como condición previa para iniciar un proceso de diálogo.
El cuarto punto hace un llamamiento general a cesar las acciones de violencia y desacato a las autoridades y las leyes.
El quinto párrafo, condena la Masacre de Pando y acepta la propuesta del gobierno boliviano de formar una Comisión Internacional para investigar el crimen y evitar que sus responsables queden impunes.
El sexto punto hace un llamado a la sociedad boliviana a mantener la integridad territorial de su país.
El séptimo acápite insta a abrir un proceso de diálogo y, con ese fin, dispone crear una comisión internacional para facilitar el diálogo, en una mesa conducida por el gobierno boliviano.
La Cumbre Sudamericana registró dos diferencias que fueron saldadas:
La primera, fue la propuesta del Presidente Hugo Chávez, de Venezuela, de incluir una mención crítica al papel de los Estados Unidos en la crisis boliviana. La propuesta no contó con consenso y fue finalmente desechada.
La segunda, fue una propuesta de Michelle Bachelet, de incluir a la Organizacion de los estados Americanos (OEA), que tampoco contó con el consenso de los demás mandatarios.
Simultáneamente con la posición asumida por UNASUR, los autonomistas comenzaron a levantar los bloqueos, atendiendo el pedido del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic.
Enjuiciamiento y detención del prefecto de Pando por la Masacre de Porvenir
El 16 de septiembre, luego del expreso respaldo de la UNASUR al gobierno del Presidente Evo Morales y la resolución de investigar internacionalmente la Masacre de Pando para evitar que los responsables del crimen queden impunes, el Fiscal General de Bolivia, Mario Uribe, decidió iniciar acciones criminales contra el prefecto de Pando Leopoldo Fernández, el ex alcalde de Cobija Miguel Becerra y el senador de Unidad Nacional (UN) Abraham Cuéllar, "por la presunta comisión del delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta, tipificado por el artículo 138, párrafo segundo del Código Penal".A su vez, en vista de la imputación de genocidio que la Fiscalía General realizó contra el prefecto Leopoldo Fernández, el Presidente Evo Morales, en uso de las atribuciones que le confiere la declaración de estado de sitio en el Departamento de Pando, dispuso su detención por un plazo máximo de 90 días, que es el límite permitido por la Constitución Nacional para el estado de sitio. El Fiscal Uribe se ha mostrado en general lejano a las posiciones del Presidente Evo Morales, y ha sido en reiteradas oportunidades cuestionado por el MAS, atribuyéndole no investigar los delitos cometidos en la Media Luna. El 24 de septiembre la Unasur formó la Comisión Investigadora de la Masacre de Pando, designando a su frente al argentino Rodolfo Mattarollo, un reconocido especialista en derechos humanos.
ALUMNOS :Loguercio Pablo, Ciro Sebastian, Ballester Jonathan
No hay comentarios:
Publicar un comentario